Con la publicación de la Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica, el Presidente de la República inadvertidamente viola el derecho a la educación de millones de niñas, niños y adolescentes (NNA). Al pretender eliminar, sin mayor explicación, al Sistema para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU); concentrar en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), vulnera el derecho a la educación, al no garantizar de manera efectiva la generación de datos, indicadores, evaluación de política pública educativa y el acceso la información. MEJOREDU es responsable de las evaluaciones diagnósticas, indicadores e información educativa y lineamientos de desempeño magisterial, entre otras. La propuesta del Ejecutivo Federal es que la Secretaría de Educación Pública (SEP), de manera inespecífica, absorba dichas funciones, sin un plan congruente con la importancia de las tareas. No hay una justificación de ahorro o inefectividad en la exposición de motivos por lo que se puede presumir como una decisión caprichosa. Esto significaría un retroceso todavía mayor, toda vez que la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2019 por sí misma ya significó un golpe para el monitoreo, evaluación y generación de datos sobre el Sistema Educativo Nacional. Por otro lado, el CONEVAL representa a la instancia máxima de evaluación de la política social del Estado mexicano. Muchas veces, sobre todo en este gobierno, la política social se ha cruzado con la política educativa, como es el caso del programa “La Escuela es Nuestra”. El INEGI por su parte, es el responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos son considerados oficiales. Fusionar dichos órganos representa un riesgo para la evaluación de la política social porque la propuesta de modificación al artículo 26, apartado C, de manera genérica otorga facultades al INEGI que le correspondían al CONEVAL pero, sobre todo, que no se prevé que los recursos con los que contaba el CONEVAL sean transferidos al INEGI, el cual de por sí lleva ya varios años con presupuestos apretados que han significado en una reducción de encuestas e información generada por este órgano1. La evaluación de la política social es fundamental para la fiscalización y rendición de cuentas que, a su vez, es fundamental para el ejercicio efectivo del derecho a aprender2, como ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, la desaparición del INAI como instancia máxima de acceso a la información representaría un golpe letal, no sólo al derecho a la educación. El derecho al acceso a la información es de por sí una batalla cuesta arriba, sobre cuando las autoridades se niegan a dar la información o declaran que no existe. Es precisamente hasta que y porque interviene el INAI que ese derecho se materializa. En muchos niveles, la labor de organizaciones de la sociedad civil sería imposible sin el ejercicio de ese derecho. Con la propuesta del Ejecutivo Federal, trasladando esas responsabilidades a las autoridades que hoy mismo se niegan a entregar la información que se solicita significaría, en el mejor de los casos, un obstáculo en el ejercicio del derecho, al tener que, muy probablemente, judicializar solicitudes de información no satisfechas. Sin información y datos pertinentes, el estado del Sistema Educativo Nacional no puede conocerse y, por ende, no puede mejorarse. De concretarse las reformas constitucionales que propone la Presidencia de la República, el estado crítico de la educación en nuestro país sería profundizado. Las NNA de nuestro país no están, no aprenden y no participan en sus escuelas. Los datos, la evaluación y el acceso a la información son fundamentales para corregir el rumbo: mejorar las condiciones de los planteles; formar más y mejor a las y los docentes; y conocer qué aprendizajes se necesitan reforzar. Hacemos un llamado a las y los legisladores para que el derecho a la educación no pase desapercibido en el análisis y posible aprobación de estas reformas porque aprender, importa.

1 De acuerdo a información de los Analíticos del Presupuesto de Egresos de 2018 al 2024, SHCP. 2 DERECHO A LA EDUCACIÓN. OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PARA GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD. Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009187 DERECHO A LA EDUCACIÓN. LA RESTITUCIÓN EN EL GOCE DEL DERECHO VIOLADO IMPLICA OBLIGAR A LA AUTORIDAD A DEMOSTRAR QUE REALIZÓ TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN O, DE NO HABERLO HECHO, EXIGIR QUE LAS LLEVE A CABO. Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009186