En un momento crítico para el panorama educativo en México, la propuesta de desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) ha generado no solo preocupación en diversos sectores del ámbito educativo, sino también incertidumbre sobre un aspecto esencial para la toma de decisiones en políticas públicas: la disponibilidad de datos e información pública. Más allá de ser percibida como una simple reestructuración administrativa, esta iniciativa plantea interrogantes serias sobre el futuro de la generación, la transparencia y la fiabilidad de los datos educativos en el país. Tal incertidumbre se manifiesta en un contexto en el que ya hemos padecido la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), lo que ha supuesto una pérdida gradual de la información clave sobre indicadores educativos disponible para el público en general. Según datos de la UNESCO (2024), si en 2018 habíamos alcanzado un máximo histórico, con un 73.91% de datos disponibles para los indicadores fundamentales que orientan las políticas educativas, para el 2022 nos encontramos con una cifra alarmantemente baja del 10.87%, y para el 2023, apenas un 2.17%.
A pesar de la preocupante disminución en la disponibilidad de datos educativos en los últimos años, la desaparición de MEJOREDU como organismo autónomo sería un paso en la dirección equivocada. Si bien es cierto que la situación actual refleja un panorama desafiante en términos de transparencia y fiabilidad de los datos, debemos reconocer que MEJOREDU aún tiene un papel crucial en la promoción de una educación justa y equitativa para todos los ciudadanos mexicanos. Como un organismo independiente, MEJOREDU tiene el potencial de ejercer presión sobre las autoridades pertinentes para mejorar la confiabilidad y la disponibilidad de los datos, así como para abogar por políticas que promuevan, a través de la rendición de cuentas, la justicia y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
Depender exclusivamente de las secretarías de gobierno para la recopilación de datos plantea serios riesgos de objetividad y transparencia, especialmente en un momento en que la Secretaría de Educación parece desbordada por la crisis educativa que afecta al país, agravada por la pérdida de aprendizajes fundamentales a partir de la pandemia. Las secretarías pueden tener incentivos o prejuicios inconscientes para manipular los datos con el fin de respaldar ciertos programas o bien para ocultar áreas de debilidad. Sin datos independientes y transparentes, la sociedad no puede evaluar de manera efectiva el progreso del sistema educativo ni exigir cuentas a las autoridades responsables. La existencia de MEJOREDU como un organismo autónomo proporciona un mecanismo vital para que la sociedad vigile, impulse y, en su caso, defienda el derecho de aprender de todas y todos.
Aunado a lo anterior, debemos considerar que la absorción de MEJOREDU dentro de la estructura de la SEP plantea preocupaciones en términos de asignación de recursos y prioridades. En los últimos años, la tendencia no ha sido precisamente aumentar el presupuesto de la Secretaría de Educación, sino más bien mantenerlo o incluso reducirlo. Por lo anterior, los nuevos programas implementados por la secretaría a menudo han significado la desaparición de otros. Esta dinámica sugiere que la capacidad de asignar recursos a las tareas actualmente realizadas por MEJOREDU estaría seriamente comprometida en una estructura unificada. Con la absorción de MEJOREDU, existe el riesgo real de que la atención y los recursos dedicados a la recopilación de datos educativos, la evaluación del desempeño escolar y otras funciones críticas se vean disminuidos.
En Mexicanos Primero consideramos que en lugar de eliminar MEJOREDU, se deben buscar formas de reforzar su capacidad y recursos, permitiéndole desempeñar un papel aún más significativo en la promoción de una educación justa para todas las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Preservar un organismo autónomo permite mejorar nuestras posibilidades de contar con información transparente y objetiva que apoye tanto a los hacedores de políticas educativas en su responsabilidad de guiar las políticas con base en evidencia sólida y objetiva, como a la sociedad civil en la vigilancia y apoyo al sistema educativo para garantizar el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a estar, aprender y participar en la escuela.