Un acierto de la reforma educativa promulgada el 15 de mayo pasado es haber establecido la obligación del Estado para fortalecer a las Instituciones Públicas de Formación Docente (IPFD), especialmente las Escuelas Normales (EN); acierto que incluso se plasmó en un artículo transitorio que mandató que en una nueva ley, la Ley General de Educación Superior (LGES), se establecieran los criterios para el desarrollo institucional, la actualización de los planes y programas de estudio, y el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las EN, así como en la definición de una Estrategia Nacional de Mejora de las EN en un plazo no mayor a 180 días.

Por eso es una interrogante que durante el sexto Foro para la Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa no se haya calificado como tema clave la educación o formación de las futuras y futuros maestros. Es decir, a diferencia de otros temas como la cobertura y los retos de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, o las condiciones del trabajo docente en las instituciones de educación superior, la formación inicial de las futuras maestras y maestros no recibió este peso -al menos en el mensaje enviado a quienes participamos en este foro-.

En Mexicanos Primero consideramos que la formación de las futuras y futuros maestros es un asunto prioritario que debió haber sido mucho más discutido en este foro en el que académicos e integrantes de la sociedad civil nos reunimos el pasado 11 de julio para reflexionar sobre cómo fortalecer la legislación secundaria en materia educativa.

Dada la heterogeneidad del sistema de formación inicial docente, nuestras recomendaciones versaron sobre la importancia de fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades educativas mediante un Marco Común Mínimo (MCM). Es decir, un estándar o piso mínimo establecido en el ámbito federal con la suficiente flexibilidad para que las Autoridades Educativas Locales (AEL) lo adapten a sus contextos para hacerlo más relevante e incluso riguroso. De esta manera sería posible alinear los procesos de ingreso a las EN y otras IPFD (por ejemplo, convocatorias públicas y procesos de selección transparentes, equitativos e imparciales), el currículo, el perfil de los egresados y la pertinencia de la formación inicial docente de cara a los procesos de admisión del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM).

En nuestras recomendaciones también impulsamos el fortalecimiento de la gestión escolar y los cuerpos académicos de las EN y las IPFD mediante un MCM que regule los procesos de selección y formación de quienes dirigen y forman parte del claustro de profesores de dichas instituciones. Los legisladores deberán estipular que quienes aspiren a ser directores de las EN y las IPFD deberán hacerlo mediante procesos de selección basados en perfiles nacionales que definan las capacidades, actitudes, conocimientos, prácticas y experiencias deseables que las AEL puedan adaptar para hacerlos más relevantes a su contexto. Esta misma consideración habrá de tomarse respecto a quienes integren la planta académica o el claustro académico de quienes formen a los futuros maestros.

En la LGES también deberá asentarse la obligación de las AEL de garantizar formación continua y evaluación diagnóstica de los directores y el cuerpo académico de las EN y las IPFD, así como la obligación de los gobiernos federal y estatal a asignar suficientes recursos. Asimismo, será necesario que los legisladores reflexionen sobre cuál es el papel que el Organismo para la Mejora Continua de la Educación (OMCE) tendrá en materia de la evaluación diagnóstica que los directores y el cuerpo académico de las EN e IPFD recibieran para mejorar su papel como formadores de docentes.

Finalmente, también será necesario definir el papel del gobierno federal y las AEL respecto al establecimiento de un Marco curricular común. Aunque actualmente la SEP determina los planes y programas de estudio de la educación normal, es necesario avanzar hacia un esquema en el que el gobierno federal establezca un tronco común que las AEL puedan adaptar y fortalecer en su contexto. Asimismo, un currículum que se alinee con los criterios para los procesos de selección para el SCMM que sea evaluado por el OMCE.

Esta serie de recomendaciones son necesarias para que el Estado desempeñe un papel más vigoroso y haya una definición más clara sobre distribución de responsabilidades entre los gobiernos federal y estatales.

Nuestro llamado es a sentar las bases para que el Estado cumpla con el encargo de garantizar el derecho a aprender y la formación inicial de los estudiantes de las EN e IPFD porque así es como podremos garantizar que, cuando lleguen a las aulas, las maestras y los maestros serán los garantes del derecho a aprender de sus estudiantes en el sistema de educación básica. Es tiempo de tratar este tema clave como lo que es.